Esta es la nuestra

Hoy ha intervenido en el programa “Esta es la nuestra” de Aragón Radio Ignacio Gracia (Presidente de AVeVir).

Puedes escuchar la intervención de Ignacio Gracia en Aragón Radio También puedes escuchar el podcast de todo el programa
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¿Ya tenemos Plan?

Pulsa en la imagen para descargarte el folleto informativo.
¿Ya tenemos plan?

“El esperado”, “el deseado”… ese Plan que tiene que sustituir el viejo Plan de 1989, por fin tras 14 años de gestación (el Avance de este nuevo PGOU se aprobó en 1998) llega a su recta final.
Por un periodo de tres meses lo tenemos a exposición pública para que todos los ciudadanos podamos hacer alegaciones.
Todos nos tenemos que sentir obligados a consultarlo y plantear nuestras objeciones.
La normativa urbanística que regirá nuestro municipio durante los próximos 15 ó 20 años, merece nuestra atención. Son muchos años para lamentarnos por haber perdido esta oportunidad. Nosotros o nuestros hijos estaremos afectados en algún momento de nuestra vida por este Plan. No podemos caer en el absurdo de pensar que esto es solo asunto de los políticos arquitectos y constructores, todos podemos y debemos dar nuestra opinión.
Desde AVeViR queremos que puedas hacer tuyas nuestras alegaciones, proximamente las pondremos a disposicion en nuestra web http://www.avevir.es para que puedas descargarlas, imprimirlas, rellenar con tus datos y presentar en el ayuntamiento. Igualmente estaremos encantados de recoger tus sugerencias.

Queremos cambios en la Ley de Urbanismo de Aragón

En la comunidad andaluza se ha conseguido.

Esto es lo que queremos que se consiga en la comunidad Aragonesa.

Este viernes 27 de enero en la reunión informativa abierta al público, se recogerán firmas para llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular con el objeto de modificar la actual Ley de Urbanismo de Aragón

“La Policía Local ha venido tres veces a precintarme la casa”

E. P. P. HUESCA 04/09/2010 a las 06:00

Uno de los afectados asegura que tiene hasta el certificado de fin de obra pero que ahora el Ayuntamiento quiere revocarle la licencia.

Abrió alguna ventana de más en lo que en principio tenía que ser un almacén agrícola. Uno de los 19 afectados por los expedientes urbanísticos que ha abierto el Ayuntamiento de Fraga por las viviendas irregulares construidas en terrenos rústicos admite este y otros “errores” pero también asegura que ni siquiera tiene una cocina en el interior. Sin embargo, “la Policía Local ha venido tres veces a precintarme la casa”, asegura, aunque prefiere ocultar su identidad porque su caso está pendiente de juicio.

Con la licencia de almacén agrícola concedida por el Ayuntamiento, levantó su construcción en la que tiene un salón para hacer comidas con amigos pero donde también guarda el tractor y otros aperos. Desde luego, afirma que no vive allí. Sin embargo, a partir de un informe del Seprona, el Ayuntamiento le abrió un expediente y le envió una orden de derribo. Poco después, recibió una notificación de un juzgado de Huesca en la que le comunicaban que querían revocarle la licencia de obras. Según explica, su casa está terminada y con el certificado de fin de obra desde la primavera de 2009. Por ello, ha interpuesto un recurso para evitar que le retiren la licencia y tener que demoler su casa.

Pero después, la Policía Local ha acudido tras veces a su casa para precintarla. Según explica, la primera vez estaba fuera de España; la segunda, no tenían orden judicial y el abogado lo impidió; y en la tercera ocasión, la orden judicial permitía paralizar las obras pero su casa ya estaba acabada. Por lo tanto, sigue utilizando sus instalaciones.

Según recuerda, “fue con este mismo alcalde con el que el Ayuntamiento me concedió el permiso y también el fin de obra”, asegura. “Si a nosotros nos hubieran dicho que nos iban a hacer tirar las casas, no hubiéramos construido nada”, apunta. Sin embargo, todos se fiaron de que en la localidad existen muchas otras edificaciones de similares características con las que nunca ha existido ningún problema.

Para este propietario, estas construcciones son una forma de dar salida a unas tierras que, de otra forma, estarían abandonadas porque por la poca extensión que tienen no merece la pena cultivarlas. En su caso, ahora solo le queda esperar la decisión del juez.

¿Responsabilidad Política o Administrativa?

Estamos acostumbrados a que en política se utilicen distintas varas de medir para hechos similares. Todo depende de que el hecho se contemple desde el gobierno o desde la oposición.
Y una vez más lo estamos viendo, y se confirmará en próximos días, en la respuesta ante el fallo de la sentencia del primer Contencioso Administrativo contra un expediente administrativo de los incoados por los responsables de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento por presuntas infracciones urbanísticas.
Esta sentencia pone en evidencia, entre otros hechos, que el expediente estaba mal realizado técnicamente.
Y claro está que, ante lo que el juez proclama, hay que buscar de quien es la responsabilidad. Más aún cuando de este defectuoso expediente se han derivado molestias y gastos para un vecino de Caspe. Molestias y gastos que de haberse hecho bien podrían haberse evitado.
Y ya a los pocos días el CPC, responsable del Área de Urbanismo, escribe en su blog sobre este fallo diciendo:
“Esta sentencia pone en evidencia que los informes emitidos han sido claramente deficientes, a pesar de la larguísima duración del expediente”
Aquí ya se adivina hacia dónde va a ir la exigencia de responsabilidades.
Pero más adelante podemos leer:
“Habrá que exigir responsabilidades a la funcionaria que ha realizado el expediente porque no lo ha hecho correctamente y esto es lo que ha provocado la pérdida de tiempo y dinero para todos los caspolinos”
Aquí queda ya claro a quien se le va a imputar la responsabilidad. Y esta opinión la confirma Ana Cabrero en el último Pleno cuando se refiere a que ella no tiene conocimientos jurídicos y tiene que confiar en los asesores que son quienes tienen la responsabilidad de los informes.
Pero parecen olvidar que en distintos Plenos, y en reiteradas ocasiones, en preguntas formuladas al Sr. Sagarra, responsable de Urbanismo, sobre temas urbanísticos en sus respuestas siempre le hemos oído decir: “Yo solo entiendo de Leyes. Para todo lo demas debo fiarme de los informes de los técnicos”.
Pues bien los informes de estos expedientes urbanísticos eran de tipo Jurídico por lo que, según sus afirmaciones, no estaría “obligado” a fiarse de los mismos sino que dado que de lo que “entiende” es de Leyes podría perfectamente haber comprobado la fiabilidad de los mismos.
Pero en muchos casos, este entre ellos, viene bien recurrir a la “hemeroteca”. Y nos trasladamos al día 29 de Octubre de 2007. En el Orden del Día del Pleno celebrado aquel día figura un punto, el X, que dice: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 4 DE ZARAGOZA, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 314/2006-BA.
Aquí también había una sentencia del Juzgado a un Contenciosos Administrativo.
Aquí también la sentencia decía que aquel expediente, como el que ahora nos ocupa, estaba mal realizado. Aquel Contencioso Administrativo lo había presentado el CPC contra el expediente de Permuta de tierras para el Polígono Industrial “El Portal”.
Y en este mismo Pleno, y ya en turno de urgencia, D. Javier Sagarra, entonces en la oposición pide que se vote en turno de Urgencia una moción que solicita la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios que intervinieron en la redacción del expediente de Permuta que el juzgado de lo Contencioso Administrativo Zaragoza había demostrado que estaba mal realizado.
Y resulta curioso leer en el acta de aquel Pleno, págs. 31 y 32, que el Sr. Sagarra en la argumentación de su propuesta dijera:
“Es muy doloroso llevar al Pleno un expediente relativo a funcionarios, el equipo de Gobierno debería haber tenido la decencia de asumir la responsabilidad política”
Ya aparecen las dos varas de medir. Hoy los responsables políticos son ellos, el CPC, y especialmente Javier Sagarra responsable de Urbanismo. Y hablan de la responsabilidad de la funcionaria. Parece que también han olvidado lo de la DECENCIA.
Pero también podemos encontrar en su argumentación de entonces la siguiente afirmación:
“No obstante con posterioridad vendrán las responsabilidades políticas porque se deberán asumir esos gastos originados por la tramitación del expediente. Pediremos que los concejales que votaron afirmativamente lo asuman”
Repetimos que esta actitud era la del CPC, expuesta por el Sr. Sagarra, hace algo más de dos años. Ante un hecho similar pero contemplado desde la oposición.
¿Serán capaces de mantener estos criterios para la situación actual? ¿”Pagarán” entre todos ellos los gastos originados al vecino afectado? ¿Y los ocasionados a la Institución municipal?
Resumiendo, las responsabilidades ¿serán políticas o administrativas?

No tardaremos mucho a saberlo

AVeViR

Análisis de una sentencia

Aunque lo verdaderamente importante en una sentencia judicial es el fallo, muchas veces el contenido de la misma resulta de lo más pedagógico.
Este es el caso de la sentencia emitida el pasado día 8 de Junio por el Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza en el primero de los numerosos contenciosos presentados por vecinos de Caspe sancionados por infracciones urbanísticas.
Y, como decimos, el fallo totalmente a favor de nuestro asociado es lo más importante pero no podemos dejar de destacar algunos puntos de la sentencia que da la razón a AVeViR en los planteamientos que desde nuestra constitución hemos venido manteniendo.
El PUNTO TERCERO de los Fundamentos de Derecho está dedicado íntegramente a demostrar que el expediente, y la calificación como falta grave, están mal realizado por lo que textualmente podemos leer:
“Todo esto ya sería motivo para estimar el recurso y anular, por defectos de tipificación, retrotrayendo el expediente para una adecuada tipificación. No obstante lo más relevante es que en ningún momento se ha contemplado la posibilidad o imposibilidad de legalizar la construcción”.
Seguidamente describe una serie de datos, que en ningún momento fueron tenidos en cuenta por el Ayuntamiento, para finalizar este punto afirmando:
“Por tanto la construcción es legalizable y por ello es infracción del artículo 203-b”
Se había aplicado en el expediente el artículo 204- C para calificar la infracción como grave mientras que la aplicación del 203.b supone que la falta es leve. Y que al ser leve la falta prescribe al año.
Y siguiendo con los Fundamentos de Derecho, que la falta debería haber sido tipificada como leve, dedica el Punto Cuarto a decidir qué fecha debe tomarse para comenzar a contar el transcurso del año y el inicio del expediente sancionador antes de la prescripción de la infracción. Y dice:
“Aún cuando se admita que la licencia de almacén pudo disimular la existencia de de la construcción de una casa, como muy tarde el plazo de inicio (se refiere al expediente sancionador) sería el de la terminación, y se ha acreditado que la licencia fue concedida en Mayo de 2004 y que el 20-1-2005 se acabó la casa según factura 2005/004. El Ayuntamiento nunca cuestionó que esta fuese la fecha de conclusión, sino que discutió si eso era un signo externo”
“No cabe duda de que la construcción es signo externo desde el momento en que, si hay licencia concedida, puede identificarse que la construcción realizada, en este caso una vivienda, no se corresponde con la misma, en este caso almacén con lo cual el inicio tendría lugar al acabar la obra, es decir a mediados de Enero de 2005” “La interesada no tuvo conocimiento de la iniciación del procedimiento sancionador el 25.2.2009 cuando sobradamente había pasado el plazo de un año.”
Y lógicamente el juez “procede a estimar el recurso en su totalidad. Todo ello “sin perjuicio de que pueda iniciar el Ayuntamiento un nuevo expediente a fin de instarla legalización de la construcción”
Desde el primer momento AVeViR, nació para eso, ha tratado de dialogar con el Ayuntamiento la búsqueda de soluciones para el problema. Este fallo nos da la razón. Tenía una solución sin sanciones ni confrontaciones.
Suponemos que a casos como este se refería el Sr. Sagarra cuando cuando “Salvo casos puntuales, no hay solución manifestaba en La Comarca: jurídica ni técnica posible para los chalets ilegales”. El juez ha reconocido que había solución técnica y jurídica. ¿Por qué no se ha buscado? Es algo que tendrá que explicar el Sr. Sagarra.
Por otra parte otra pregunta que AVeViR planteo en la reunión con nuestro Ayuntamiento era la razón por la que se iniciaban expedientes a obras en las que caso de haber infracción esta habría prescrito.
El Sr Sagarra nos contestó que había jurisprudencia que permitía dos interpretaciones de cuando una obra estaba finalizada al objeto de inicio del plazo de prescripción.
También aquí el juez le quita la razón:”No cabe duda de que la construcción es signo externo desde el momento en que, si hay licencia concedida, pueda identificarse que la construcción realizada, en este caso una vivienda, no se corresponda con la misma”.
También aquí, y en contra del criterio de AVeVir, eligió el camino más perjudicial para el vecino afectado. Una evidencia que la sentencia ha puesto encima de la mesa.
Y así un caso que debería haber sido resuelto mediante un expediente de legalización de la obra y el pago, como AVeViR siempre ha dicho, de tasas, proyectos, IBI etc. se ha convertido en un expediente que ha durado año y medio ocasionando a un vecino, además de los consiguientes gastos, una situación incertidumbre ante una situación
difícil de entender.
Por eso, una vez más, hacemos un llamamiento para recuperar el dialogo y buscar soluciones que eviten que situaciones como la que ha finalizado con esta sentencia puedan repetirse. Situaciones que perjudican a los vecinos y al Ayuntamiento entendido este como institución.

AVeViR

Seguimos adelante


Desde que se formó la asociación, han sido varios los intentos de acercamiento de posturas con las distintas administraciones, para intentar llegar a la solución del problema que tiene Caspe, por la cantidad de edificaciones sin declarar existentes en su término municipal.

Muchas han sido las excusas para no plantear o aceptar soluciones, pero en general todas se resumen en que “la ley no lo permite”.

Desde AVeViR estamos plenamente convencidos de que la ley tiene el suficiente margen como para permitirlo. Alcañiz y Teruel son dos claros ejemplos de ello, habiendo dado soluciones distintas cada uno de ellos y además soluciones compatibles entre sí.

Cada día que pasa, los miembros de la asociación nos preguntamos cuáles pueden ser las razones por las que no conseguimos ningún tipo de acercamiento con el gobierno municipal. Pero no vamos a especular con contestaciones que sólo podrían aumentar el grado de crispación ya existente.

Todas las actuaciones realizadas por AVeViR han estado enmarcadas dentro de los objetivos fijados, en participar en la solución de estos problemas, y siempre han sido consensuadas y aprobadas por todos los miembros de su junta. Es por ello, que no podemos dejar de agradecer el trabajo realizado por los compañeros que ahora han decidido dejar sus cargos; y desde los que quedamos al cargo, comprometernos en aportar lo máximo por nuestra parte con la esperanza de poder llegar, más pronto que tarde, a las soluciones que Caspe necesita.

Ignacio Gracia
Presidente AVeViR